En uno de los primeros aprietes de Marisela Morales Ibañez en la Procuraduría General de la República, fueron 21 los delegados estatales que prefirieron poner distancia de por medio en la inevitable reestructuración que se presenta en la dependencia.
De un solo jalón, 21 representantes estatales en el país optaron desde el pasado 29 de Julio por presentar sus “renuncias” ante la superioridad, antes de irse “empapelados” ante la crisis de confianza que ha estado viviendo la institución desde hace muchos años.
En un comunicado de la dependencia, se considera que el hecho se deriva del compromiso que el ejecutivo federal tiene ante la sociedad, con la convicción de ofrecerle a los mexicanos un mejor acceso a la justicia, lo que sólo es posible mediante servidores públicos y procesos a la altura de los retos que enfrentan los mexicanos en esta materia.
Y añade:
El pasado viernes 29 de julio, renunciaron a sus cargos, a partir de esa fecha, 21 delegados de la Institución en las siguientes entidades federativas:
Aguascalientes, Chiapas, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
“Atendiendo al marco jurídico que regula el funcionamiento institucional, los relevos de Delegados en las Entidades Federativas señaladas se someterán esta semana al escrutinio del Consejo Asesor para la Designación y Adscripción de Delegados y Subdelegados, Agregados y sub agregados en la Procuraduría General de la República”, indica la información.
Como está previsto en las disposiciones jurídicas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el Reglamento vigente, así como las políticas y lineamientos dictados por la Procuradora General de la República, todos los candidatos a ocupar puestos dentro de la Institución -incluyendo el de Delegados- cumplen estrictamente con los requisitos legales para ocupar los cargos a los que están postulados y, particularmente, con las evaluaciones de control de confianza que mandata la ley.
Desde el 30 de julio son los Subdelegados, dentro del marco legal vigente, quienes se hacen cargo de los despachos.
Es la primera vez en la historia de la PGR en que una cantidad así, tan solo de delegados estatales sale abruptamente de sus funciones, lo que es fuerte indicador que la depuración en esa dependencia desencadenará otra serie de movimientos y acciones en las que no se descartan casos de corrupción institucional.
Para nadie es un secreto el tipo de prácticas que se aplican en el funcionamiento interno de la PGR, donde años atrás se hablaba de renta de plazas que abracaban desde los más altos hasta los más bajos cargos dentro de esa institución, mediante la cobertura de cuotas que lógicamente -de haberse llegado a comprobar- no se hubieran justificado con los sueldos de los “servidores públicos” que operaban de esa forma.
Hoy en día se sabe de una gran cantidad de funcionarios de la PGR que, sin ser del estado en el que están comisionados, tienen años en la misma entidad, ocupando siempre cargos relevantes y de buen nivel, ostentando lujos y riquezas que a simple vista se puede deducir que no salen de los raquíticos sueldos que la PGR les otorga.
Esos viejos vicios quizás no han sido ignorados por la procuradora Marisela Morales Ibañéz….probablemente de ahí se origina ésta depuración masiva.
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