Solicita intervención de PGR y CNDH

Ciudad Victoria, Tam.- El Diputado Juan Manuel Rodríguez Nieto del PRD solicito a la PGR y a la CNDH que interpongan acciones de inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley de Aguas en el Estado.
El congresista pidió formalmente a Maricela Morales Ibáñez, Procuradora General de la República y al licenciado Raúl Plasencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en ejercicio de las facultades que les concede el artículo 105 de la Constitución General de la República, interpongan acción de inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas, publicadas en el Periódico Oficial el día 16 de Junio pasado.
Rodríguez Nieto argumento que las reformas aprobadas por los Diputados del PRI-Verde-Panal, constituyen un verdadero aumento a las tarifas del precio del agua, puesto que con la adición al artículo 143 de la mencionada Ley, se le agrega el concepto de “agua servida” como un elemento más de cobro en el metro cubico de agua.
Lo que se suma al cobro del servicio de alcantarillado sanitario, al de tratamiento de aguas residuales y al cobro de servicios ambientales, lo cual, es un nuevo golpe artero a la economía de los Tamaulipecos, que infringe los principios de equidad y proporcionalidad que se establecen el artículo 31 fracción IV de la Carta Magna.
Así mismo el diputado Rodríguez Nieto señalo que las reformas al artículo 24 fracción IV, contradicen lo establecido en el artículo 115 fracción III, inciso A, de la Constitución General de la República, en cuanto a que es función del municipio prestar el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, y no del Estado, como pretende el Titular del Ejecutivo con esta reforma.
Por otra parte, denunció ante estas instancias legales que en Tamaulipas, los organismos operadores de agua, no cumplen con lo establecido en el artículo 115 de la máxima ley, puesto que no están proporcionando agua potable a los ciudadanos, dado que el “agua servida”, como ahora la denominan, ya no es apta para consumo humano, lo que se traduce en un alto consumo de agua embotellada y en la transferencia de esta importante función del Estado a los particulares.

Ante esto, la PGR y la CNDH, tendrán que analizar esta solicitud y el expediente que se anexo para proceder a la interposición de la acción de inconstitucionalidad en defensa de los Tamaulipecos que, en todo caso, conocería la Suprema Corte de Justicia de la Nación.