Al día siguiente la cifra aumentó, cuando por la mañana cuatro elementos más, del grupo de aprehensiones, corrieron la misma suerte, presuntamente para investigarlos por diversos delitos, sin ampliar el más mínimo detalle y de manera arbitraria quedaron en calidad de detenidos justo en el momento en que llevaban a cabo su trabajo.
Ellos eran Jorge Walle, Lázaro Cárdenas, Alejandro Gallegos y Alejandro Lumbreras, quienes en unos minutos pasaron de policías a acusados, remitidos al Complejo Estatal de Seguridad Pública.
A partir de ese momento, la totalidad del personal que laboraba en la Policía Ministerial del Estado comenzó a tomar medidas, al estar expuestos a ser detenidos sin ningún motivo, lo que originó un paro masivo con el que se exigían explicaciones a lo ocurrido, así garantías que les permitieran llevar a cabo su trabajo con tranquilidad.
Pero ni así hubo respuestas, por lo que decidieron trasladar la movilización hacia las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con la idea de presentar una denuncia formal de hechos, contra los militares comisionados en la Policía Ministerial, asegurando que no tenían motivos, mucho menos una orden de captura, para proceder en contra de los cinco elementos.
Los policías manifestantes advirtieron que el paro de labores se haría efectivo hasta que no se les dieran las garantías necesarias.
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